Análisis de la columna de Hernán Pérez Loose

Rolo
26 de marzo de 2010

Análisis de la columna de Hernán Pérez Loose
15 de diciembre del 2009

El artículo es una crítica al proyecto de ley de comunicación también conocido como “Ley Mordaza” y al tratamiento que se le da en la Asamblea. Empieza tomando como referencia el hecho de que la Asamblea quiso empezar a debatir la ley el día de la víspera de navidad; y lo toma como una estratagema para que la gente no se informe mucho por ser días de fiesta donde no hay noticieros.

Hace uso de ironías como cuando se refiere a la “prensa corrupta”, también de burla en el segundo párrafo al hacer las preguntas sobre las supuestas relaciones de funcionarios del gobierno con las FARC. Me parece que en el segundo párrafo se vale de el caso Angostura para reforzar su postura mientras quebranta la imagen del gobierno.

Luego se mantiene con comparaciones satíricas como cuando dice que la ley parece redactada por un funcionario de Luis XIV, también se nota un amplio manejo del lenguaje y concluye con una idea clara que es que los periodistas tienen un argumento fuerte para defenderse porque organismos internacionales de Derechos Humanos criticaron el proyecto de ley.

A continuación el artículo completo de Hernán Pérez Loose titulado Mordaza Navideña que fue publicado por Diario El Universo el martes 15 de diciembre de 2009.


Hernán Pérez Loose
Mordaza navideña
Contrario a lo anunciado, el proyecto “Mordaza” no comenzó a debatirse el pasado 10 de diciembre, día en que se celebraba un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahora se ha resuelto hacerlo en la víspera de Navidad. Ningún parlamento serio en el mundo hace semejante cosa. A menos que se busque aprobarla a espaldas de la ciudadanía.

A esto se suma el intento de distraernos con el informe de “Angostura”, cuando no hay nada nuevo; casi todo lo que el informe dice ya lo había informado la “prensa corrupta”. Lo único asombroso es la teoría de que si bien un Ministro de Estado y otros altos funcionarios gubernamentales estuvieron, y probablemente continúan, vinculados con las FARC, el Gobierno no lo estuvo. ¿Quién puede tragarse semejante cuento? ¿Nos creen tontos? ¿Realmente creen que podemos aceptar que las decisiones de estos altos funcionarios estatales para encubrir a las FARC las hicieron ellos solitos, y que –otra vez– el Presidente, el que dijo que era el jefe de todas las funciones estatales, nada sabía al respecto, como nunca supo que su hermano contrataba con el Estado? Vamos. Ni a Bart Simpson se le ocurriría una historia como esta.

Pero volvamos a la Ley Mordaza. ¿Se dieron cuenta de que tuvieron que ser organismos internacionales de derechos humanos –ONU, Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– los que informaron negativamente sobre el proyecto Mordaza? ¿Dónde estaban los organismos o asociaciones de derechos humanos del Ecuador? Qué vergüenza su silencio. ¡Tan entregados están al Gobierno…! A propósito, esos tres organismos no son miembros de la partidocracia, ni corruptos, ni sirvientes de los pelucones, ni abogados de los medios de comunicación.

Aclaremos que estas organizaciones no dijeron nada nuevo. Cualquier persona con mediano conocimiento de la jurisprudencia internacional de derechos humanos podía concluir que el proyecto era una aberración. Solo la mediocridad de nuestra dirigencia pudo escribir a esta altura de la historia un documento que parece preparado por algún asesor de Luis XIV, el del “El Estado soy yo”. Imagínense: una entidad administrativa sancionando a periodistas por no decir “la verdad”… Es como transportarnos al debate liberal del siglo XVIII, que pensábamos superado.

Si hubiese sensatez, los informes mencionados deberían ser tomados como límites, y dentro de ellos preparar una moderna ley de comunicación. El Gobierno debe entender que traspasar los límites trazados en esos informes significará una violación –ya advertida– a los convenios internacionales. Y que más allá de la inevitable demanda internacional, ellos tienen una relevancia jurídica trascendental e inmediata, pues, al tenor del artículo 93 de la Constitución, la Asamblea y el Ejecutivo están ahora obligados jurídicamente a cumplirlos.

Así que con insultos o sin insultos, con mordaza navideña o sin mordaza, con cadenas financiadas con dineros públicos o sin ellas, los periodistas independientes tienen ahora un escudo jurídico sólido que les permitirá seguir desnudando la mentira oficial. Que el oficialismo en su arrogancia y solipsismo no lo comprenda, ese es su problema.